Un nuevo requerimiento en el sector turístico
Esta semana marcó un cambio significativo en el sector del alquiler turístico en España. La normativa que exige que las viviendas ofrecidas para alquiler vacacional estén registradas se hizo efectiva. La idea es que cada propiedad cuente con un código identificativo, como si fuera un DNI, para que las Administraciones puedan controlar y detectar irregularidades. A pesar de haber sido aprobada en enero y de un periodo de transición de seis meses, la situación no es alentadora. Aproximadamente el 40% de las viviendas listadas en plataformas como Airbnb siguen sin el código obligatorio.
Análisis de la situación actual
Un análisis detallado reveló que de los 121.416 pisos turísticos presentes en Airbnb en nueve ciudades españolas, solo 72.996 tienen el código necesario. Lo que significa que el 60% cumple, pero hay variaciones notables entre ciudades. Madrid tiene un índice de cumplimiento muy bajo, con solo un 16,6% de las viviendas registradas correctamente, un dato alarmante que destaca a la capital como un área de gran opacidad en el control del turismo.
El nuevo registro de alquiler turístico: ¿una revolución beneficiosa o un dolor de cabeza más?
Barcelona tampoco está mucho mejor; de sus 18.927 alojamientos, solo el 58,5% cuenta con la autorización reglamentaria. Valencia, con el 57% sin registrar, refleja una cuestión sistémica. En contraste, Sevilla lidera positivamente, con un 92,3% adherido a la normativa.
El impacto y las reacciones
Estos números ponen de manifiesto una falta generalizada de control en aquellas ciudades que reciben más turistas. Sorpresivamente, en el contexto español, otras urbes como Málaga y Gerona muestran elevados niveles de ajuste a la nueva regulación. En respuesta, el Ministerio de Consumo, dirigido por Pablo Bustinduy, ha tomado cartas en el asunto y ha remitido información al Ayuntamiento de Madrid sobre 3.500 alojamientos ilegales para que se inspeccionen y se tomen medidas legales necesarias. Además, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid respaldó la solicitud de eliminar 66.000 pisos listados en Airbnb por incumplimiento de las normativas.
Desafíos en el proceso de registro
Aunque plataformas como Booking y Expedia están incluidas en el Registro Único de Arrendamientos y Airbnb domina con un 90% de la oferta, los datos actuales son solo aproximaciones. El proceso de registro no tiene un cierre definido y los registradores tienen hasta 15 días para aprobar las solicitudes. A pesar de esto, el CEO de Homyspace, Ángel Mayoral, advierte que muchos propietarios enfrentan complicaciones al registrarse. Problemas técnicos como referencias catastrales incorrectas o normativas contradictorias son comunes. Algunos listados están marcados como “exento”, una opción legal para ciertos grupos inmobiliarios, aunque su uso excesivo ha despertado sospechas entre las autoridades.
Un cambio necesario, pero desafiante
El debate sobre la igualdad de obligaciones fiscales y normativas sigue presente. Mientras que los negocios tradicionales soportan grandes cargas fiscales, muchos señalan que los pisos turísticos escapan a estas exigencias. En una ciudad, un pequeño empresario de un bar o taller expresa su frustración, criticando que estos negocios sean sobrecargados económicamente mientras los alquileres turísticos no lo son. Los riesgos asociados a no aplicar normativas estrictas, como en caso de incendios o daños a edificios, también suman al debate.
En conclusión, el nuevo sistema de registro de pisos turísticos es un esfuerzo por regular un sector en crecimiento, pero enfrenta serios retos de implementación. ¿Será la solución para un turismo sostenible y ordenado? Solo el tiempo lo dirá, y las ciudades españolas seguirán en la mira, evaluando el impacto de esta normativa en los próximos años.
