El anuncio del presidente Pedro Sánchez sobre la creación de una empresa pública de vivienda ha generado tanto expectativas como recelos en el sector. Presentada como una solución integral para abordar la crisis habitacional en España, esta iniciativa busca construir y gestionar viviendas asequibles desde la Administración General del Estado (AGE). Sin embargo, las dudas sobre su implementación y efectividad no se han hecho esperar.
Una respuesta a la crisis de vivienda
La propuesta de Sánchez se enmarca en un contexto donde el acceso a la vivienda, especialmente para los jóvenes, se ha convertido en un desafío estructural. Entre los factores que han agravado esta situación están el aumento de los tipos de interés, que encarece las hipotecas, la falta de oferta de vivienda y la lentitud en los procesos de construcción. Esta combinación de elementos ha generado un mercado con alta demanda y precios desorbitados, tanto en el alquiler como en la compra.
La nueva empresa pública se plantea como una estrategia para incrementar la oferta de vivienda asequible. Según la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, esta entidad tendría como base la reconversión de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), que se fortalecería para gestionar desde la urbanización hasta la construcción y movilización de viviendas.
¿Qué implica esta empresa?
El proyecto contempla el uso de suelo público perteneciente a diversas entidades estatales, como el Ministerio de Defensa, Adif o la Sareb, para desarrollar un parque de viviendas asequibles. Según Rodríguez, se trata de abordar el problema desde todos los frentes: promoción de viviendas en alquiler y compra, urbanización de suelos y gestión del parque habitacional.
Además, se prevé financiar la iniciativa mediante recursos públicos y líneas de crédito del ICO y el Banco Europeo de Inversiones, con el objetivo de construir hasta un millón y medio de viviendas asequibles en los próximos años, buscando convergir con los estándares europeos.
Críticas desde el sector privado
Pese a la ambición del proyecto, las patronales de la construcción y los promotores inmobiliarios han mostrado sus reservas. La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) argumenta que una empresa pública no resolverá los problemas estructurales del mercado, que, según ellos, tienen su origen en la inseguridad jurídica, los trámites burocráticos y un marco regulatorio complejo. A su juicio, la solución pasa por reforzar la colaboración público-privada, agilizar los procedimientos y desbloquear leyes clave, como la de arrendamientos urbanos o la ley del suelo.
Por su parte, APCEspaña, la patronal de promotores, cuestiona la viabilidad del proyecto si no se detalla adecuadamente la dotación presupuestaria y se establecen garantías claras. También destacan que la promoción de viviendas requiere de una alta profesionalización y estabilidad normativa, algo que consideran más adecuado para el sector privado.
¿Un modelo viable?
Uno de los puntos fuertes del proyecto es que aprovechará recursos ya existentes, como los terrenos públicos. Sin embargo, la escala de las necesidades habitacionales, junto con las limitaciones presupuestarias, plantea dudas sobre si una empresa estatal podrá competir con la eficiencia y rapidez del sector privado.
Además, algunos expertos señalan que los objetivos del Gobierno podrían lograrse más eficazmente mediante incentivos al sector privado y una mayor cooperación con las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Por ejemplo, poner suelo público a disposición de promotores, tanto públicos como privados, podría acelerar la construcción sin necesidad de crear una entidad estatal.
¿Qué puede esperarse?
El éxito de esta empresa dependerá de varios factores:
- Capacidad de ejecución: Será clave que la entidad demuestre agilidad en la construcción de viviendas y gestión de recursos.
- Colaboración público-privada: Sin el apoyo del sector privado, será difícil alcanzar los objetivos propuestos.
- Marco normativo estable: La seguridad jurídica será esencial para garantizar la inversión y evitar demoras en los proyectos.
un paso ambicioso
La creación de una empresa pública de vivienda es un paso ambicioso que refleja la voluntad del Gobierno de abordar uno de los problemas sociales más urgentes de España. Sin embargo, el proyecto no está exento de desafíos. Las críticas del sector privado y la complejidad del mercado inmobiliario español plantean interrogantes sobre su viabilidad y efectividad.
Por ahora, queda esperar detalles concretos y su implementación en las próximas semanas, mientras el debate sobre la mejor manera de resolver la crisis de la vivienda sigue abierto.
