Canadá decidió en 2022 prohibir a los extranjeros comprar propiedades para frenar la creciente burbuja inmobiliaria. Con precios que absorbían hasta el 60% de los ingresos de los hogares y un promedio que rozaba el medio millón de dólares, la situación era insostenible. La medida, inicialmente planificada para durar dos años, se ha extendido hasta enero de 2027 debido a su éxito.
Un mercado inmobiliario fuera de control
En los últimos años, los precios inmobiliarios en Canadá se dispararon a niveles alarmantes. El costo de una vivienda media casi alcanzaba los 500,000 dólares, una cifra que resultaba inasequible para muchas familias. La sobrecarga financiera de los hogares canadienses, donde el 60% de los ingresos se destinaban a pagar la vivienda, ponía en evidencia la gravedad del problema.
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El gobierno canadiense, enfrentado a esta crisis, tomó una decisión radical: prohibir la compra de propiedades a extranjeros. Esta medida buscaba frenar la especulación y reducir la demanda artificialmente inflada por inversores extranjeros y ciudadanos estadounidenses adinerados, que contribuían a elevar los precios.
Resultados de la prohibición
Desde la implementación de la prohibición en 2022, los precios inmobiliarios comenzaron a estabilizarse. Aunque se registraron algunas fluctuaciones, la tendencia general mostró una disminución significativa, situándose en niveles similares a los de 2020, lejos del pico alcanzado en 2022. La medida ha sido vista como un éxito, ya que logró evitar que la burbuja inmobiliaria continuara creciendo descontroladamente.
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Sin embargo, esta no ha sido la única estrategia empleada por Canadá para abordar el problema. El gobierno duplicó la inversión pública en vivienda desde 2015, destinando fondos a la construcción de nuevas casas, la reforma de propiedades existentes y la agilización de trámites municipales. Estas acciones complementarias han sido cruciales para el éxito de la política de prohibición.
Implicaciones para España
La situación en España, aunque diferente, comparte algunos paralelismos. En España, la compra de propiedades por parte de extranjeros representa un 15% del mercado, especialmente en zonas turísticas y grandes ciudades. La implementación de una medida similar a la canadiense en España podría ser polémica y tendría diversas aristas.
En primer lugar, la economía española depende en gran medida del turismo, y la prohibición de compra de viviendas a extranjeros podría afectar negativamente a este sector. Además, es probable que no se pueda impedir la compra a ciudadanos de la Unión Europea, lo que limitaría el alcance de la medida a los extracomunitarios.
La justicia de la medida también estaría en cuestión. Si bien es crucial evitar la especulación en un mercado sobrecalentado, también es importante considerar el derecho de los extranjeros residentes en España a adquirir viviendas. Prohibirles comprar podría ser visto como una medida injusta y discriminatoria.
Comparación de políticas
El éxito de Canadá no solo radica en la prohibición, sino en la inversión pública significativa en el sector inmobiliario. En comparación, España no ha adoptado medidas equivalentes para reducir los costos de la vivienda. La falta de una inversión pública sustancial en la construcción y reforma de viviendas, así como en la agilización de trámites administrativos, limita la capacidad de España para controlar los precios inmobiliarios de manera efectiva.
En conclusión, mientras que la prohibición de compra de propiedades por extranjeros ha demostrado ser una herramienta eficaz en Canadá, su aplicación en España requeriría una consideración cuidadosa de múltiples factores. Además, es fundamental complementar cualquier medida restrictiva con una inversión pública robusta en el sector inmobiliario para lograr una solución sostenible y equitativa a largo plazo. La experiencia canadiense ofrece lecciones valiosas, pero cada país debe adaptar las políticas a sus contextos y necesidades específicos.
